¿Quién nos gobernó?
¿Quién era realmente el hombre que dirigió Colombia y qué sabían quienes lo rodeaban? ¿Qué sabía la dirigencia del Pacto Histórico sobre las conductas de Gustavo Petro y desde cuándo lo sabía? ¿Es posible que quienes compartieron durante años reuniones, campañas, viajes y responsabilidades de gobierno nunca hubieran escuchado nada? ¿Qué responsabilidad tendrían los funcionarios y dirigentes que hubieran facilitado semejante utilización de los recursos públicos?
María Jimena Duzán publicó en CAMBIO una columna titulada «Se los dije», en la que recuerda las advertencias que hizo hace tres años sobre Gustavo Petro y los problemas que, según sus investigaciones, se ocultaban detrás de la figura del entonces presidente. La periodista tiene razón en reclamar que sus denuncias fueron desestimadas. Pero lo que hoy está saliendo a la luz no debería sorprender a nadie que haya seguido con un mínimo de independencia crítica la trayectoria política de Petro.
Lo sorprendente sería que todavía quedaran colombianos convencidos de que aquel dirigente que prometía transformar la política nacional, acabar con la corrupción y devolverle la dignidad a los sectores más vulnerables representaba una auténtica renovación moral del país. Su gobierno terminó demostrando hasta qué punto puede existir una distancia abismal entre los discursos pronunciados desde una tribuna y las conductas del que llega al poder.
Petro construyó buena parte de su carrera política denunciando los abusos de sus adversarios. Se presentó como defensor de las mujeres, enemigo de los privilegios y representante de una superioridad ética que sus seguidores aceptaron casi como un dogma. Desde esa posición repartió acusaciones, descalificó a sus críticos y convirtió cualquier cuestionamiento en una supuesta conspiración de las élites contra el cambio.
No deja de ser escalofriante el relato de la mujer que fue presuntamente prostituida por Petro, cuyos servicios sexuales fueron pagados a través de contratos con el Estado. Ahora, una mujer que afirma haber mantenido una relación íntima con él desde 2019 denuncia públicamente que recibió contratos estatales y que otras mujeres habrían sido beneficiadas mediante un mecanismo semejante. Su testimonio, difundido por Semana, contiene acusaciones sobre presuntos intercambios sexuales por contratos públicos, consumo de drogas y situaciones de intimidación. Son denuncias gravísimas que requieren investigación, pero que además ponen en evidencia una contradicción política imposible de ignorar.
¿Dónde están ahora quienes convirtieron la defensa de las mujeres en una bandera permanente de su militancia? ¿Dónde están las voces que exigían la renuncia inmediata de cualquier funcionario señalado por conductas semejantes? ¿Qué ocurrió con aquella indignación que parecía no conocer límites cuando los acusados pertenecían a otros sectores políticos?
La respuesta es bastante sencilla: para demasiados dirigentes y militantes, la gravedad de una conducta depende menos de los hechos que de la identidad política de quien la comete. Si el señalado es un adversario, se exige su condena pública inmediata. Si pertenece al propio movimiento, aparecen las explicaciones, las dudas selectivas y las acusaciones contra quienes se atreven a denunciar. El Pacto Histórico es prueba fehaciente de esta conducta. Recién ahora, y tibiamente, salen a pedir que “se investiguen” los hechos ocurridos. ¿Dónde están las mujeres de la izquierda colombiana que durante años se proclamaron defensoras de la dignidad femenina? ¿Dónde están las congresistas, ministras, dirigentes y activistas del Pacto Histórico que hicieron de la lucha contra el machismo y el abuso de poder una de sus principales banderas? ¿Cuántas conocían los rumores? ¿Cuántas recibieron advertencias? ¿Cuántas prefirieron no preguntar para evitar un escándalo que pudiera perjudicar al gobierno?
Esta doble moral constituye uno de los aspectos más deplorables del petrismo. Un movimiento que pretendía dar lecciones de ética a toda la sociedad colombiana terminó demostrando una extraordinaria capacidad para justificar aquello que decía combatir. La corrupción, el abuso de poder y el clientelismo no se vuelven aceptables porque se practiquen en nombre de la justicia social. Entre 2022 y 2026, El jefe del "Gobierno del Cambio" convirtió al Estado colombiano en un burdel, literalmente. Las entidades públicas se llenaron de lagartos y avivatos, de corruptos y politiqueros, de oportunistas y contratistas de bolsillo, de funcionarios descarados y vividores del presupuesto nacional. Un verdadero festín de mermelada, roscas y favores pagados con la plata de los colombianos.
Y aquí conviene hacer una distinción fundamental. A nadie debería interesarle con quién mantiene relaciones sentimentales o sexuales un dirigente político, siempre que se trate de vínculos consentidos entre adultos. Pero si se utilizaron cargos, contratos o recursos públicos para obtener favores personales, ya no hablamos de intimidad. Hablamos de una posible utilización del Estado para satisfacer los intereses particulares de quien tenía la obligación de administrarlo.
Las denuncias deberán ser probadas, claro está. También habrá que establecer si los contratos mencionados respondían a necesidades legítimas de las entidades públicas, si las beneficiarias cumplían los requisitos correspondientes y quién intervino en su adjudicación. Pero pretender que todo esto se reduzca a una campaña contra la vida privada de Petro sería otra maniobra para desviar la discusión.
La columna de Duzán tiene, además, un elemento revelador: según su relato, personas cercanas al presidente conocían situaciones preocupantes y preferían callar para no perjudicar el proyecto progresista. Si eso fue así, la responsabilidad política no se limita a Petro. También alcanza a quienes consideraron que proteger al dirigente era más importante que proteger la credibilidad de las instituciones.
Porque el silencio de los colaboradores, la complacencia de los aliados y el fanatismo de los seguidores son precisamente los elementos que permiten que el poder se ejerza sin controles. Los gobiernos no se deterioran solamente por las decisiones de sus presidentes. También se deterioran por la conducta de quienes, pudiendo advertir sus errores, prefieren aplaudirlos.
Durante años se intentó presentar cualquier crítica a Petro como una agresión contra la democracia, contra los pobres o contra la izquierda. Esa identificación deliberada entre un hombre y una causa política fue una de las grandes trampas de su discurso. Criticar a Petro no significa atacar la justicia social, del mismo modo que denunciar los abusos de un gobierno no convierte automáticamente a nadie en defensor de los gobiernos anteriores.
Petro prometió un cambio histórico. Lo que dejó fue, entre otras cosas, una profunda decepción para quienes creyeron que su llegada al poder significaría una transformación de las costumbres políticas. Las denuncias recientes, si llegan a comprobarse, añadirían un capítulo particularmente vergonzoso a ese balance.
María Jimena Duzán dice que lo advirtió. Y probablemente tenga motivos para sentirse reivindicada por haber planteado preguntas incómodas cuando otros preferían guardar silencio.
De comprobarse las graves denuncias que hoy pesan sobre Gustavo Petro, lo verdaderamente escandaloso no sería únicamente la conducta del mandatario, sino la complicidad moral de quienes, después de tantos discursos sobre ética, transparencia y defensa de las mujeres, optarían por el silencio o la justificación. Porque ninguna bandera política concede impunidad, ninguna lealtad partidista está por encima de la verdad y ninguna causa, por legítima que se proclame, puede servir de excusa para encubrir abusos o el uso indebido de los recursos públicos. Si los hechos se confirman, quienes hoy callan también tendrán que explicar sus silencios.
Porque una cosa es equivocarse al elegir a un gobernante. Otra, mucho más grave, es seguir justificándolo cuando aparecen razones suficientes para exigirle explicaciones.
