Cuando una empresa multinacional incursiona en otro país, una de las primeras variables que analiza, si no la primera, en su plan estratégico, es el orden constitucional con la normatividad de aquel, para no arriesgar su inversión.

Así, toda multinacional minera al incursionar en Colombia sabe que, acorde con nuestro orden constitucional, invierte por su propia cuenta y riesgo, dado que la obtención de un título minero en concesión, por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad adscrita al Ministerio de Minas, sólo le da facultades para la exploración; para la explotación requiere de la licencia ambiental que otorga la Autoridad Nacional de licencias ambientales (ANLA), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente. El Congreso de la República está en mora de legislar sobre la necesaria licencia ambiental para la exploración, pues en ésta se pueden producir, también, afectaciones significativas para nuestros ecosistemas.

Así, cuando la ANLA admite, para dar trámite, una solicitud de licencia ambiental para la explotación en nuestros páramos y sus ecosistemas circunvecinos -paradójicamente, la normatividad ambiental es suficiente para no hacerlo-, el Estado colombiano comienza a ceder su soberanía, dejando abierto un túnel gigantesco para que, las multinacionales mineras, comiencen a argüir la generación de falsas expectativas, y todo lo demás.

En este contexto, las multinacionales pueden asegurar el retorno de su inversión acudiendo a la égida de su país de origen, para que sus respectivos gobiernos negocien, con el nuestro, un Tratado de Libre Comercio (TLC) garante de su inversión, y que no es camisa de fuerza para nuestro país. Así, las multinacionales ganan o explotando nuestros recursos o demandando al Estado.

En ese orden de ideas, resulta peligroso e inconveniente, por descontextualizado, la suscripción de un TLC con Emiratos Árabes, mas cuando cursa en los estrados internacionales una demanda de la multinacional Eco Oro (otrora Greystar) apalancada en el TLC Colombia-Canadá, con unas pretensiones económicas de 736 millones de dólares, y en la que un Tribunal de Arbitramento, en dictamen inicial, sentenció que nuestro país infringió el Artículo 805, que versa sobre el trato justo y equitativo de los inversionistas. Aun así, pareciera que prima un gran compromiso entre el presidente Duque y el gobierno emiratí, para dejar listo un TLC Colombia-Emiratos Árabes “exprés”, pues las negociaciones tan solo iniciaron el pasado mes de marzo.

Otra paradoja es que el mismo Gobierno, con la firma de onerosos e inequitativos TLC, ha generado una dicotomía que opera, con altísima presión, en su contra: o se aprueba la explotación en los páramos y sus ecosistemas circunvecinos -poniendo en altísimo riesgo su principal producto ecosistémico, el agua de millones de colombianos- o asume estratosféricas demandas contra el Estado.

Ahora que, según acuerdo, el Fondo Mubadala (Emiratos Árabes) y Aris Gold (Canadá) serán dueños de Minesa, mitad-mitad, vendrán con todo su poder, en una estratégica sinergia Emiratos Árabes-Canadá que ejercerá mayor presión al Gobierno, para el otorgamiento de la licencia para la explotación a su proyecto Soto Norte, o demandarán, por una cuantiosa suma, al Estado colombiano con una posición debilitada por la firma de inequitativos TLC con Canadá (vigente desde 2008) y con Emiratos Árabes (en negociación “exprés”), y con el mismo guion de Eco Oro: generación de falsas expectativas y supuestos derechos adquiridos. Para esto quiere el presidente Duque dejar firmado, a toda costa, el TLC con Emiratos Árabes?

Con onerosos TLC, convertidos en el doble seguro de las multinacionales mineras que incursionan en nuestro país, el mejor escenario para ellas sería que se dé trámite a sus solicitudes de licencia ambiental; especular, por un tiempo, en los mercados bursátiles; entrar en devaneos con la inepta institucionalidad ambiental colombiana; esperar la negativa a su solicitud, y entablar estratosféricas demandas contra el Estado. Con este tipo de TLC, ¿para qué explotar?

Por ello, el Gobierno ni siquiera debe dar trámite a estos proyectos de mega minería en páramos y sus inmediaciones. Nuestra Constitución Política y la normatividad ambiental de nuestro país respaldan esta decisión.