Los pilares que sostienen la democracia son muy susceptibles al virus de la corrupción.

Ha sido precisamente la proliferación de ese virus, a modo de pandemia, el que ha permitido la destrucción de sólidos sistemas democráticos en América Latina, para dar paso al cáncer del autoritarismo populista, que llega al poder utilizando las herramientas que le ofrece la democracia misma, para luego desmantelarla paulatinamente y hacerse del control de todos los poderes del Estado a perpetuidad.

Así llegó al poder Hugo Chávez Frías, en Venezuela, quien, con el apoyo de la sexagenaria dictadura castrista, instauró una dictadura que se propagó con profundas raíces de autoritarismo y corrupción por nuestro continente y que trascendió a la muerte del fundador de la tiranía. Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos y prósperos de la región, a uno de los más empobrecidos y uno de los mayores exportadores de refugiados de América Latina, según expresó en su momento el Sr. Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

A nivel centroamericano, el ejemplo más destacado sobre este tema es Nicaragua, donde Daniel Ortega Saavedra, hábilmente ha sacado provecho, por décadas, de las debilidades y falencias de una dirigencia opositora ideológicamente huérfana y proclive a negocios debajo de la mesa, a la obtención de prebendas y gollerías a cambio de sumisión perruna y de una total carencia de sentimientos patrióticos y visión de Nación.

Desde julio de 1979, cuando Ortega Saavedra llegó al poder a través de las armas, fue trazando la ruta del control del poder absoluto, utilizando lealtades incondicionales, alianzas subterráneas, conspiración, chantajes y compra de conciencias. Así, poco a poco se fue deshaciendo de sus mismos compañeros de armas, que formaban parte del primer directorio sandinista y que, supuestamente, tenían la misma jerarquía y poder de Ortega en la toma de decisiones a nivel país.

Incluso en 1990, cuando la caída del régimen comunista soviético (su principal sostén militar) se asomaba como una realidad ineludible e inminente y ante el avance de las fuerzas rebeldes antisandinistas (contras), lo obligaron a realizar elecciones libres y con una cantidad de observadores internacionales sin precedentes, Ortega aceptó a regañadientes su derrota frente a doña Violeta Barrios de Chamorro, pero asegurándose el control de las fuerzas armadas, los organismos de seguridad del Estado y el control de las calles por medio de los sindicatos y otros organismos “de masas” creados por él en los años 80´s. “Vamos a gobernar desde abajo”, dijo Ortega a sus bases en aquel momento. Y Ortega sigue “gobernando” Nicaragua “manu militari” hasta nuestros días.

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”

Albert Camus

Lamentablemente, parece que la pandemia de regímenes totalitarios no termina en Nicaragua. Desde “el pulgarcito de América”, como ha sido conocida tradicionalmente nuestra hermana República de El Salvador, llegan noticias poco alentadoras en ese sentido, ya que, desde que asumió la primera magistratura de ese país, el 01 de junio de 2019, el Sr. Nayib Armando Bukele Ortez ha venido dando muestras aceleradas de querer controlar de manera absoluta los poderes del Estado y así consolidar una dictadura, pareciéndose cada vez más a Ortega y, por ende, encendiendo las alarmas de los defensores de la democracia y los derechos humanos a nivel centroamericano.

Todo ello ocurre luego de que Bukele llegó a la presidencia de su país con un amplio respaldo popular, sobre todo por la promesa de acabar con los escandalosos casos de corrupción de gobernantes de la izquierda y la derecha salvadoreñas, del FMLN y ARENA, respectivamente.

Pero esta lucha contra la corrupción, que innegablemente ha sido vista con simpatía hacia Bukele por gran parte de la población, aparentemente ha sido aprovechada por el gobernante para hacerse con el control del Estado, atentando contra la institucionalidad democrática y allanando el camino hacia su reelección presidencial, que de otra forma le estaría vetada a Bukele por disposición constitucional, la cual indica que no puede reelegirse “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.

Haciendo gala de su hábil manejo de las redes sociales y mercadeándose como un político joven, moderno, con ideas innovadoras, los pasos de Bukele en contra de la institucionalidad democrática, de la separación de poderes y contra el respeto a la Constitución Política de su país, no constituyen un buen presagio para los derechos humanos del pueblo salvadoreño.

El presidente Bukele debería reflexionar y darse cuenta de que sus aspiraciones autoritarias y reeleccionistas, a contra pelo de la institucionalidad y la ley, lo colocan en el nada honroso nivel político y moral de Daniel Ortega Saavedra, de Hugo Chávez Frías y de otros fatídicos personajes latinoamericanos.

Es importante para aquellos políticos que se auto llaman demócratas en hacer una reflexión de fondo sobre este tema.