La derrota llegó como suelen llegar las derrotas en la política latinoamericana, primero silenciosa, luego inevitable, finalmente pedagógica. Daniel Noboa, que venía de ganar la presidencia con una ventaja cómoda y que se permitía imaginar un país alineado con su idea de seguridad total, terminó recibiendo un mensaje directo, contundente y perfectamente democrático. Cuatro preguntas sometidas a consulta y cuatro rechazos consecutivos. Según CNN en Español, dos de ellas superaron el sesenta por ciento de votos en contra y las otras dos rebasaron el cincuenta por ciento, una medición que no dejó margen para interpretaciones caritativas. En Olón, donde el presidente esperaba los resultados, no hubo una aparición pública, tan solo un mensaje en X con un tono disciplinado, casi administrativo, que decía que su compromiso con el país se fortalecía. La falta de palabras no fue un detalle, fue el escenario.

Lo que pasó en Ecuador no es excepcional, pero tampoco es simple. La consulta popular tenía preguntas distintas, desde la reducción del número de asambleístas hasta la eliminación del financiamiento público a partidos políticos. Sin embargo, la que definió el humor social fue la que hablaba de permitir bases militares extranjeras en el país. Una pregunta que, desde el inicio, estaba diseñada para sembrar inquietud. Noboa mencionó opciones posibles y mencionó también a Galápagos, una de las líneas rojas simbólicas de la identidad ecuatoriana, lo que encendió el tipo de alarma que ningún asesor suele recomendar. Más tarde intentó corregir al incluir Salinas y Manta como alternativas, pero para entonces la duda ya había hecho su trabajo y la gente ya sospechaba más del remedio que de la enfermedad.

La interpretación del exministro de Gobierno Henry Cucalón fue menos técnica y más humana. Dijo a CNN que el país merece más que un meme y que esperaba, al menos, una declaración del jefe de Estado. El comentario fue preciso. El gobierno comunicó este proceso electoral como si la conversación política pudiera resolverse en videos breves, frases contundentes y gestos de autoridad. Cuando llegó el momento de explicar y convencer, el discurso se quedó sin arquitectura. La autoridad, sin explicación, no construye confianza, construye sospecha.

Lo más llamativo fue que, durante semanas, Noboa presentó el referéndum como una herramienta para combatir la inseguridad y el narcotráfico, un discurso repetido con la convicción de quien cree que una consulta ciudadana puede resolver los vacíos de una política pública todavía dispersa. Pero los votantes no respondieron al miedo, respondieron a una fatiga que venía acumulándose desde hace un año de elecciones obligatorias y un gobierno que parecía prometer más de lo que podía cumplir. Casi catorce millones de ecuatorianos estaban habilitados para votar, y muchos de ellos terminaron interpretando la consulta como una medición del gobierno, no como una propuesta constitucional.

El cansancio ciudadano tampoco vino solo. En los días previos al referéndum, el gobierno desplegó un paquete acelerado de ayudas económicas, bonos, becas y adelantos de aguinaldos. Esto profundizó la desconfianza y dio la impresión de un gobierno que buscaba ganar afectos a última hora. Las ayudas económicas nunca son mal recibidas, pero cuando se presentan en momentos de tensión electoral suelen ser interpretadas como un manotazo final, no como una política pública. La ciudadanía respondió con frialdad y se negó a entregar el cheque en blanco que el presidente esperaba.

Un elemento adicional complicó el panorama. Noboa había convertido a la Corte Constitucional en el centro de sus críticas y la había descrito como un obstáculo para ejecutar sus políticas de seguridad. La Corte había advertido al gobierno en repetidas ocasiones cuando detectó desviaciones legales o riesgos para el Estado de derecho. Esa insistencia presidencial en buscar antagonistas judiciales terminó funcionando como un espejo: un gobernante que acusa a una institución de frenar su poder en un contexto de violencia no genera fortaleza, genera inquietud. Existe el riesgo de que Noboa use la derrota para justificar cualquier fracaso posterior. Cuando un presidente convierte la pérdida en argumento político, con el tiempo convierte la política en excusa.

La derrota también abre interrogantes sobre la relación con Estados Unidos. Durante los últimos meses, Washington había reforzado el vínculo con Noboa y envió a Quito a dos funcionarios de alto nivel. Recordemos las recientes visitas de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, y de Marco Rubio, secretario de Estado, como parte de una agenda que abarcaba seguridad, migración y cooperación en inteligencia. Ese acercamiento coincidió con la pregunta sobre las bases militares y dio la sensación de que el gobierno ecuatoriano estaba preparando el terreno para una reforma constitucional que, en realidad, nunca había sido solicitada de manera explícita por la Casa Blanca. La pregunta que votaron los ciudadanos sonaba más a favor del presidente que a favor de la agenda bilateral.

La Constitución ecuatoriana prohíbe las bases extranjeras desde 2008, un dato que por sí solo debería haber evitado la inclusión de la pregunta. Noboa insistió en que era una oportunidad para fortalecer la seguridad nacional, pero no explicó por qué la cooperación existente no era suficiente. Ecuador ya mantiene oficinas de enlace con Estados Unidos en temas de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de personas. La cooperación funciona sin bases y puede seguir funcionando sin cambiar la Carta Magna. El error no fue proponer una reforma, fue proponerla sin demostrar su necesidad.

A ello se sumó un elemento externo que no depende de Noboa. La administración estadounidense actual no pasa por su mejor momento de popularidad en América Latina. El endurecimiento de sus políticas migratorias proyecta sombras en los países de la región y esto pudo influir en la percepción del electorado. Ecuador, como muchos países latinoamericanos, siente presión migratoria en ambas direcciones, y cualquier alusión a mayor presencia estadounidense genera temores adicionales.

El análisis de José de la Gasca, exministro de Gobierno, publicado por Teleamazonas, añade un matiz menos técnico y más honesto. Dijo que quizá no era el momento adecuado para la consulta, un reconocimiento que equivale a decir que el gobierno no leyó el clima político. El gobierno creyó que podía convertir el miedo en un plebiscito favorable, pero terminó enfrentándose a un país cansado de la política que utiliza la seguridad como comodín cada vez que necesita un salvavidas.

La pregunta final que esta derrota deja abierta es qué significa para el propio Noboa. El presidente tiene ahora la posibilidad de reordenar su gabinete, replantear su estrategia de seguridad y revisar su fragilidad comunicacional. La consulta no fue un rechazo a la lucha contra el crimen, fue un rechazo a la forma en que esa lucha fue presentada. Y en política, la forma suele ser el fondo.

Ecuador sigue enfrentando una ola criminal poderosa, una institucionalidad que necesita refuerzo y un país que no quiere ser gobernado desde la improvisación. El gobierno tiene herramientas legales vigentes para cooperar con Estados Unidos, tiene margen político para negociar reformas parciales y tiene el mandato ciudadano de no convertir la seguridad en un argumento emocional. Lo que perdió en las urnas fue la confianza que se había ganado en los primeros meses de mandato, una confianza que, como siempre ocurre en política, tarda en construirse y se evapora en cuestión de horas.

La expectativa está en si Noboa toma este revés como un punto de inflexión o como un pretexto. Los ecuatorianos parecen no querer aventuras constitucionales, ni ambigüedad sobre la soberanía y no quieren un gobierno que se comunique a golpes de mensaje. El presidente todavía tiene tiempo para corregir, pero el país ya avisó que no va a entregar poder sin saber para qué.

Si uno mira más allá de Ecuador, la sombra de las asambleas constituyentes recorre la región como una vieja tentación disfrazada de salvación. En Colombia, Gustavo Petro insiste en la idea de que una nueva Constitución podría destrabar su proyecto político, corregir lo que él llama el “candado institucional” y devolverle al Estado la capacidad de transformar la realidad. Noboa propuso algo distinto, pero el mecanismo era el mismo, una carta en blanco que prometía resolver problemas estructurales con una cirugía total. En ambos casos aparece un fenómeno que América Latina conoce demasiado bien, la pulsión de fundarlo todo de nuevo cuando el presente se vuelve insoportable. El problema es que casi siempre es la sociedad, no los gobernantes, la que marca el límite. Y ese límite, que en Ecuador se expresó con un No rotundo, parece recordarle también a Colombia que las constituyentes no son atajos sino abismos, escenarios donde las promesas suelen olvidar que el país real nunca desaparece al firmar un nuevo texto. El riesgo es confundir la arquitectura jurídica con la convivencia, la reforma con el consenso. Dos cosas que, como mostró el voto ecuatoriano, no siempre viajan juntas.