En tiempos en que la desconfianza institucional y la fragilidad democrática parecen una constante en América Latina, el papel de la cooperación internacional en el fortalecimiento de la gestión pública cobra una relevancia indiscutible. En Colombia, esta herramienta ha sido históricamente un soporte esencial para las entidades territoriales más vulnerables, que enfrentan enormes desafíos para cumplir con sus funciones misionales. No obstante, la coyuntura actual plantea serios retos frente a su sostenibilidad.

Durante el año 2024, Colombia registró un total de 550 iniciativas de cooperación internacional por un valor de USD 1.074 millones, según cifras de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia). Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en 2025. La salida parcial de actores históricos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) encendió las alarmas entre las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil. Solo en 2024, USAID movilizó USD 358.442.271 en Colombia.

Aunque oficialmente se ha indicado que la cooperación estadounidense regresará bajo nuevas modalidades, el vacío dejado en múltiples regiones del país —especialmente en zonas rurales y de posconflicto— ha sido evidente. La reducción de fondos y programas no afecta a los grandes ministerios o entes de control que cuentan con estructuras consolidadas, sino que golpea con especial dureza a los niveles más bajos del aparato estatal: personerías de categorías 4, 5 y 6, entidades territoriales municipales y algunas oficinas descentralizadas de atención ciudadana.

Los grandes perdedores

Contrario a lo que podría pensarse, el impacto de esta retirada no ha recaído en los centros de poder, sino en la periferia. Las autoridades locales y los órganos de control territorial —como las personerías municipales y distritales, primer eslabón del Ministerio Público en el territorio— dependen en gran medida de la cooperación internacional para financiar programas de formación, fortalecer la participación ciudadana, desarrollar herramientas de transparencia y, en muchos casos, simplemente garantizar la operatividad básica.

Colombia cuenta con 1.104 municipios, muchos de ellos con presupuestos ínfimos que apenas alcanzan para cubrir la nómina o la infraestructura mínima. En estos contextos, la cooperación no es un lujo, sino una necesidad estructural. Su ausencia representa una amenaza directa a la capacidad de estas instituciones para cumplir con su deber constitucional de garantizar derechos, prevenir abusos de poder y ejercer control político.

Estrategias de supervivencia interinstitucional

Ante el vacío de cooperación, las entidades locales han tenido que recurrir a mecanismos alternativos. Uno de ellos ha sido el establecimiento de convenios interinstitucionales con otros actores públicos o privados presentes en sus territorios. Además, se ha impulsado la búsqueda de alianzas con autoridades municipales y departamentales.

Esta dinámica ha favorecido una mayor articulación territorial y, en algunos casos, ha fortalecido procesos colaborativos. No obstante, también ha introducido nuevos riesgos. Estos acuerdos suelen estar condicionados por la voluntad política del gobernante de turno, lo que compromete la autonomía institucional y genera dependencia. La supuesta “colaboración armónica” entre poderes puede derivar en presiones políticas que afectan la imparcialidad y el desempeño técnico de los funcionarios.

En este contexto, se identifican dos grandes retos para el fortalecimiento institucional con impacto territorial:

- Financiamiento estructural insuficiente. La dependencia de fuentes externas impide consolidar procesos sostenibles en el tiempo.

- Vulnerabilidad política. La gestión pública local puede ser capturada fácilmente por intereses particulares.

Frente a estos retos, se proponen tres acciones inmediatas:

- Creación de fondos nacionales de cofinanciación para personerías y autoridades locales con recursos propios del Estado colombiano.

- Establecimiento de una política pública nacional de cooperación descentralizada, con énfasis en el fortalecimiento institucional.

- Capacitación urgente en formulación de proyectos y autogestión financiera para autoridades locales.

En un país como Colombia, donde las instituciones territoriales aún se encuentran en construcción permanente, la planificación estratégica a largo plazo ya no es opcional: es imprescindible. Las acciones reactivas no bastan. Se requiere medir, ajustar y sostener los procesos de fortalecimiento institucional con herramientas propias, sin depender exclusivamente de agendas externas.

La cooperación internacional ha sido y seguirá siendo un aliado valioso. Pero también es momento de que el Estado colombiano asuma un rol más activo, no solo como receptor, sino como constructor soberano de sus propias capacidades institucionales.