En Latinoamérica, y especialmente en Colombia, se ha vuelto casi rutinario leer o escuchar en los medios de comunicación sobre las secuelas de una mala gestión pública: clientelismo, desconfianza ciudadana, baja legitimidad de las instituciones, malversación de recursos. Es la misma maraca desafinada que suena de fondo en cada crisis regional y que revela, sin tapujos, la enfermedad crónica de la corrupción.

Y sin embargo, los habitantes del sur del continente seguimos haciéndonos la misma pregunta: ¿por qué, tras décadas de reformas, de transiciones constitucionales, de dolorosos aprendizajes sociales —dictaduras, conflictos internos, crisis económicas—, la corrupción sigue siendo el enemigo común de América Latina?

Las respuestas están ahí, al alcance de la vista, pero tras una esquina difícil de doblar, llena de obstáculos que no conocen fronteras. Lo que ocurre en Bogotá se refleja en Ciudad de México, Buenos Aires, Lima o Caracas. Las debilidades son las mismas: sistemas de justicia poco autónomos, fiscalías capturadas, parlamentos cooptados, organismos de control domesticados por el poder político.

En mi opinión, la corrupción no es el acto aislado de un funcionario desleal; es un sistema completo, alimentado por el clientelismo, la informalidad, la impunidad y la falta de rendición de cuentas. Es la expresión de un modelo donde las élites económicas y políticas moldean las reglas del juego a su medida. Desde mi experiencia en el análisis de procesos institucionales en la región, he comprobado cómo esta fragilidad institucional alimenta un círculo vicioso: cuanto más débil la institucionalidad, mayor la desconfianza ciudadana; cuanto mayor el escepticismo social, más fácil perpetuar prácticas corruptas. Y así, una y otra vez.

En Colombia hemos conocido las duras y las maduras, y aun así seguimos tropezando con la misma piedra. Pero quizás, precisamente por ello, podríamos ofrecer algunas lecciones al resto del continente:

Primero , que la lucha contra la corrupción no puede reducirse a leyes grandilocuentes o "paquetes anticorrupción" cada vez que hay una crisis. Se necesita una transformación cultural e institucional de fondo: garantizar independencia judicial real, proteger a quienes denuncian, fortalecer medios de comunicación críticos y abrir canales eficaces de control ciudadano.

Segundo, que la tecnología puede ser una aliada real, no solo un adorno discursivo. En países como Chile y Uruguay, plataformas de datos abiertos han mejorado la transparencia en contratación pública. En Estonia —lejos de nuestro contexto pero inspirador— el uso de blockchain para registros públicos ha demostrado eficacia contra fraudes. América Latina podría —y debería— adoptar masivamente estas herramientas.

Tercero, que los liderazgos "anticorrupción" de corte autoritario, como el de Nayib Bukele en El Salvador, son un arma de doble filo: prometen limpieza institucional mientras debilitan contrapesos democráticos. La solución no está en concentrar el poder, sino en fortalecer de verdad los órganos de control.

Hoy en Colombia, a las puertas de un nuevo proceso electoral, enfrentamos incertidumbres que creíamos superadas desde los tiempos oscuros del narcotráfico: amenazas veladas, polarización extrema, campañas judicializadas. Es un momento para repensar el rumbo. Y es también una oportunidad. Colombia —y toda América Latina— puede todavía consolidar instituciones fuertes, respetar las cartas internacionales de derechos humanos, y rescatar la legitimidad de sus poderes públicos.

Pero nada de esto será posible sin un rol renovado de la sociedad civil: independiente, vigilante, valiente. Es hora de que quienes nos hemos mantenido al margen demos un paso al frente. De exigir —con argumentos, con datos, con participación activa— el respeto a las instituciones. De defender nuestras constituciones como lo que son: el fundamento último de democracias sólidas y participativas.

Que este no sea un llamado más que se pierde en el ruido mediático: que sea el principio de una ciudadanía despierta, incómoda, consciente; solo sociedades vigilantes pueden quebrar el círculo vicioso de la corrupción que nos ha tenido atrapados ya por demasiado tiempo.