Durante siglos, el control del tejido social lo ejercía la moral. En ella se apoyaban las sociedades para que los ciudadanos se integraran a la gestión gubernamental, respetando la ley y acatando las directrices de sus mandatarios. Esto obligaba a los líderes a dar reciprocidad y respetarla. La moral tenía dos componentes importantes; uno afectivo relacionado con el linaje y la tradición familiar y el otro, la voz interna que le indicaba lo bueno y lo malo basado en el principio de que usted puede engañar a mucha gente, pero no se puede engañarse a sí mismo.

En nuestro país decidimos acabar con la moral, le destruimos su hábitat natural que es la familia y desapareció el control social. La corrupción se metió en todos los rincones de nuestra cotidianidad y es tan normal que ya no nos sorprende que los presidentes de Senado y Cámara estén hoy cuestionados y salpicados por escándalos de corrupción junto con funcionarios del Gobierno, eso ya lo aceptamos como algo normal.

En ese escenario aparece hoy el mandatario “progresista” de Gustavo Petro, tratando de implementar una reforma a la salud bajo la premisa de mejorar el sistema.

Decidió acabar con la ley 100 y destruir el trabajo cuestionable de las EPS, que en todo caso viene funcionando relativamente bien en manos de los privados, para implementar un sistema estatal, que nunca funcionó en nuestros 200 años de vida republicana, y que ahora en ese escenario de corrupción tenemos menos posibilidades de que funcione. Es regresar al antiguo e ineficiente Instituto del Seguro Social, solo que peor.

Lo qué hay detrás de esta reforma no es el interés de mejorar el sistema, ni mucho menos un interés en garantizar el bienestar ciudadano. Todo está montado para controlar los 90 Billones anuales que mueve la salud y que garantizaría la financiación de la alianza de los partidos de gobierno en las próximas elecciones, ósea, el Pacto Histórico quiere el manejo de esos recursos.

En este escenario de corrupción el tema ideológico ya no cuenta. La verdadera enfermedad qué hay que enfrentar es el cáncer de la corrupción política que ya hizo metástasis y contagió todos los órganos del poder estatal.

El ciudadano indefenso sea de izquierda o derecha navega en un río de desinformación fomentado en medios y redes sociales, por las partes (gobierno y oposición) por eso intuye que ambos, gobierno y el actual sistema de las EPS quieren los 90 billones y el poder que otorga su manejo. De allí se desprende que el ciudadano de a pie, que conoce el tema considere que es mejor “un malo conocido que uno bueno por conocer”.

Por eso los colombianos son partidarios de hacerle los ajustes al actual sistema que viene funcionando relativamente bien y no embarcarse en unas reformas mal planteadas, que obedecen a intereses politiqueros de un presidente mal informado y sobre todo muy mal acompañado.