El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno Petro, “Colombia Potencia Mundial de la Vida” (2022-2026), aprobado la semana pasada por el Congreso de la República, tiene dentro de sus principales características la transversalidad en la protección y conservación ambiental.

Desde su Artículo 1º, Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, hace explícito “el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza” como pilar fundamental para que nuestros país se convierta en un líder de la protección de la vida y como medio para que, de esta manera, Colombia desemboque en la paz total, “entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común”, de la que nos habla el papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato Si.

La transversalidad de la visión conservacionista de este Gobierno, en la protección del agua y el ambiente, se consolida en los cinco ejes de transformación que encabeza el ordenamiento del territorio alrededor del agua (1º eje), seguido por los de Seguridad humana y justicia social (2º); Derecho humano a la alimentación (3º); Transformación productiva, internacionalización y acción climática (4º) y Convergencia regional (5º), todos en conexidad con el primer eje. Dicha transversalidad también se hace evidente en el 1º eje transversal del PND, Paz total (Artículo 4º), pues dicta que el logro de la paz estable y duradera implica que “el centro de todas las decisiones de política pública sea la vida digna, de tal manera que los humanos y los ecosistemas sean respetados y protegidos”. En últimas, la paz total, busca la transformación de los territorios y superar el déficit de derechos, entre ellos el déficit de los derechos ambientales.

El Plan nacional de inversiones públicas, 2023-2026, con una asignación total estimada de 1.154,8 billones, a pesos constantes de 2022, incluye el componente Plan Plurianual de inversiones para la Paz transversal con un valor estimado en 50,4 billones de pesos, de los cuales 1,9 billones serán destinados al ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental.

Por otra parte, el Artículo 29° del PND que modificó el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, sobre los determinantes de ordenamiento territorial y su orden de prevalencia, enumera, respecto a lo que deberán tener en cuenta los municipios y distritos en la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, en el nivel 1 “ las determinantes relacionadas con la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres, la gestión del cambio climático y la soberanía alimentaria”.

A su vez el Artículo 191° del PND, Garantía del acceso a agua y saneamiento básico, contempla que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá las condiciones para asegurar de manera efectiva al acceso a agua y al saneamiento básico en aquellos eventos en donde no sea posible mediante la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo y/o los esquemas diferenciales, incluyendo la posibilidad de garantía a través de medios alternos y los lineamientos del mínimo vital.

Y el Artículo 245º del PND, plantea la formulación e implementación del Programa Agua es Vida en los territorios marginados y excluidos, con el fin de brindar soluciones de agua potable y saneamiento básico a los sujetos de especial protección constitucional, a la población vulnerable, aplicando enfoques diferenciales y de género, de derechos, territorial e intersección.

De esta manera el gobierno Petro, con su PND “Colombia Potencia mundial de la vida”, se ubica en una posición diametralmente opuesta a la que asumieron los gobiernos anteriores: en la dicotomía (1º) Visión minera del Estado Vs. (2º) Visión conservacionista del ambiente alrededor del agua, mientras los pasados gobiernos se ubicaron en la primera, el gobierno Petro se ubica en la segunda, velando por la protección y conservación del ambiente (lo cual se refleja en el 1º eje de transformación, “el ordenamiento del territorio alrededor del agua”), con una mirada integral de los ecosistemas estratégicos del país, como son nuestros vitales treinta y siete páramos, las fábricas de agua por excelencia en nuestro país.

Los gobiernos anteriores a la administración del presidente Petro convirtieron en principal amenaza para nuestra agua y páramos: 1º, la concesión de títulos mineros y la posibilidad de que se otorguen licencias ambientales para la explotación minera a los proyectos de mega minería en zona de páramos y sus ecosistemas circunvecinos; 2º, las delimitaciones exprés político-mineras de páramos, sin los estudios científicos suficientes y pertinentes, en favorecimiento de los intereses mineros, principalmente los de la gran minería de las transnacionales mineras, desvirtuando el concepto de integralidad del páramo (v.g., primero, la delimitación de Santurbán de la Resolución 2090 (2014) del gobierno Santos, luego declarada viciada por la Corte Constitucional mediante Sentencia T-361 (2017) y, segundo, la Propuesta integrada de delimitación del gobierno Duque, en cumplimiento de la T-361, que no es nada más que el continuismo del más grande engaño en la historia ambiental del país que representó su predecesora, la delimitación de la Resolución 2090 de 2014; y, 3º, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y acuerdos bilaterales de inversión que, con la firmas de ellos, los gobiernos se han encargado de generar otra dicotomía en nuestro país: la aprobación de proyectos megamineros a las trasnacionales mineras o, al negarse ésta, la exposición a cuantiosas demandas en los estrados internacionales con los mecanismos de Solución de Conflictos Inversionista-Estado (SCIE), con un altísimo riesgo jurídico y financiero para los intereses del Estado colombiano.

El gobierno Petro ha demostrado tener la voluntad política (hoy refrendado en su PND), que no tuvieron los gobiernos anteriores, para proteger y conservar nuestros páramos con una mirada integral, blindándolos de toda pretensión extractivista que atente contra nuestra agua (“se debe privilegiar el agua”, dice el presidente Petro). Así, podremos dirimir el conflicto ambiental-minero en el campo político, sin seguir acudiendo a los estrados judiciales para resolverlo, como pasó, en su momento, con la tutela que tuvimos que interponer contra la Resolución 2090, que llevó a la Sentencia T-361. La buena voluntad de un solo gobierno no basta: la conservación del agua y de los páramos debe ser una política de Estado bajo la premisa: “los páramos y demás ecosistemas vitales y estratégicos del país son territorios del agua, no de la minería”.

Fuente Imagen: Departamento Nacional de Planeación

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