El pasado 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro se reunió con campesinos de los páramos de Santurbán y del Almorzadero, en Málaga (Santander), donde hablaron sobre la delimitación de los páramos, y sus necesidades.

El presidente Petro afirmó categóricamente: “No estoy de acuerdo con que en Santurbán haya minería del oro a gran escala. No estoy de acuerdo; yo no sé ahora que formas estará adquiriendo la empresa Minesa”.

Recordó cómo de candidato, en la pasada contienda presidencial que lo llevó a la Primera Magistratura, declaró: “Si soy presidente de Colombia, Minesa no entra al páramo de Santurbán”.

“Primero es el agua. Lo hemos repetido una y otra vez: es más valiosa el agua que el oro; siempre aquí y en Cafarnaúm, el agua nos permite vivir, el oro lo que hace es matarnos entre nosotros”.

También evocó: cuando salió el tema de la delimitación, lo que pensé y alcancé a pronunciar en el Senado es que me pareció una trampa”; lo que es análogo a que la delimitación de Santurbán, de la Resolución acomodaticia minera 2090 (2014), del gobierno Santos, fue el más grande engaño en la historia ambiental del país.

La posición del presidente Petro no es nueva:

A inicios de 2018, Petro se reunió con quienes fuimos accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 (2017) de la Corte Constitucional (que exigió al Ministerio de Ambiente una nueva delimitación de Santurbán), como genuinos representantes del interés de los bumangueses y santandereanos, en defensa del agua y nuestra fábrica de agua por excelencia, para tratar, entre otros, el tema central de la delimitación de los ecosistemas paramunos. Estuvimos presentes como accionantes, Julia Adriana Figueroa, presidenta de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP) y su equipo; Alix Mancilla Moreno; Luis Jesús Gamboa, y este columnista Rodríguez-Salah, conocedores, desde sus inicios, del conflicto ambiental-minero que se ha suscitado frente a la posibilidad de que se otorguen licencias a la gran minería en Santurbán y sus ecosistemas circunvecinos. En ese entonces ya elaborábamos nuestra Propuesta Alternativa de Delimitación, con la dirección científica del avezado biólogo y acreditado investigador nacional, Mario Avellaneda Cusía, que después de diez meses de trabajo, radicamos el 19 de noviembre del mismo año, y que no fue tenida en cuenta por el gobierno Duque, pues con los estudios científicos que proponemos, garantistas para nuestra agua, resulta en contravía de los intereses particulares mineros.

Petro comparte nuestra visión de que no deben aprobarse proyectos de megaminería por encima de las captaciones (bocatomas) de los acueductos que abastecen a las poblaciones; lo cual que ratificó suscribiendo el pacto por el agua, la vida, los territorios y Santurbán, el pasado 18 de mayo.

Como verdad de Perogrullo, de nada servirá delimitación alguna que se haga de Santurbán si se aprueban proyectos de megaminería que, aunque queden “por fuera del páramo” por un trazado amañado al gusto de las transnacionales mineras, y avalado por una Resolución de delimitación exprés político-minera, estén ubicados por encima de las captaciones de nuestro acueducto metropolitano, pues igualmente se afectaría nuestra agua en calidad y cantidad.

Aquí el quid no es si se aumentan el número de hectáreas de “protección”, lo cual sirve de sofisma de distracción, si se van a dejar proyectos de megaminería por “por fuera del páramo”, para luego poder aprobarlos, como pretendieron los pasados gobiernos. La delimitación de nuestros páramos no puede terminar por limitar nuestro derecho fundamental al agua.

La apuesta del actual gobierno es hacer el ordenamiento del territorio alrededor del agua, y la defensa de los páramos bajo un concepto de integralidad, que incluye sus ecosistemas circunvecinos complementarios. Los gobiernos anteriores a Petro, con una visión minera, propendieron por un país concesionado a la minería, en contravía del derecho al agua de los colombianos.

El actual Gobierno, con su visión conservacionista ambiental, tiene como principal reto “desminar” el territorio colombiano de las pretensiones extractivistas y los títulos mineros otorgados en detrimento de nuestra agua, la vida y los territorios, centrándose en un ordenamiento territorial alrededor del agua, empezando por nuestros páramos, territorios del agua, no de la minería ni de las transnacionales mineras. Petro al reiterar que el proyecto Minesa no va, inicia el cumplimiento de este gran reto.

En ese orden de ideas, el gobierno Petro debe también “desminar” el aparato estatal que, en gran parte, parece haberse quedado anclado e “institucionalizado” con la visión minera de los gobiernos anteriores, y que había sido alineado por estos para sus fines extractivistas.

En conclusión, el gobierno Petro, que ha generado las más altas expectativas en la historia del país en cuanto la protección y conservación del ambiente, con un gran énfasis en la protección del recurso hídrico, en el marco del desarrollo sostenible y acorde con un nuevo orden global ambiental que obedece a la conservación de nuestro planeta tierra (visión conservacionista), deberá sortear sabiamente y superar el lastre, primero, de los pasados gobiernos que durante las pasadas dos décadas, condicionados a una visión minera, se dedicaron a expedir actos administrativos subordinados a ésta y sus intereses, entre estos el de las transnacionales mineras, además de contar con el apoyo de las mayorías en el Congreso para la sanción de Leyes en esa misma dirección, y, segundo, “desinstitucionalizar” todo arraigo del aparato estatal, de dicha visión minera que, en el mundo actual, ya resulta anacrónica.

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